Después de las importantes manifestaciones del 20 de abril surgió el proceso denominado “Canarias Palante” que está recopilando propuestas del amplio movimiento ciudadano para la construcción colectiva de un nuevo modelo socioeconómico en Canarias.
En este proceso, se afirma que “la opinión de toda la gente, experta y no experta, es crucial: vivienda, medio natural, sector primario, sanidad, educación, movilidad, igualdad, cultura, deportes, artes, aguas, residuos, paisaje, incendios, turismo, migraciones… Después de tres meses y más de 1200 propuestas recibidas, el 31 de julio finalizó el plazo de recogida de aportaciones del proceso participativo. Estamos ilusionadas con las ganas que tiene nuestra gente para construir un modelo social y económico que respete Canarias. Hemos logrado entre todas abordar muchas temáticas y ahora toca trabajar toda esa información de cara al encuentro presencial «Todo El Mundo Junto» que tendrá lugar el 30 de noviembre en Tenerife, la isla que más aportaciones hizo.”
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) habiéndose posicionado a favor de una Salud sostenible en una Canarias sostenible ha aportado sus reflexiones y propuestas concretas al respecto. Evidentemente, la salud humana depende de la salud del medio que habitamos. La explotación de los recursos naturales nos ha situado en un contexto de emergencia climática y ambiental que compromete nuestra salud y bienestar.
El modelo económico canario, cada vez más dependiente, más alejado de la soberanía alimentaria, energética, tecnológica, económica, etc., está agotado y no es sostenible ni ambientalmente, ni socialmente ni económicamente. Por todo ello, tampoco lo es desde el punto de vista de la Salud Pública, no evitándose que se llegue a la enfermedad con todo el cortejo de manifestaciones clínicas, procedimientos diagnósticos y tratamientos varios, lo que en suma hace que en el terreno sanitario se acumulen muchísimos problemas asistenciales.
Además de las repercusiones sobre la Salud Pública, están las que afectan a la Sanidad Pública, unas derivadas de aquellas que se traducen en sobrecarga de enfermedad producto de las acciones dañinas sobre el medioambiente y las condiciones de vida y trabajo que acaban convirtiéndose en sobredemanda de asistencia sanitaria y otras derivadas del llamado “turismo sanitario”.
El “turismo sanitario” genera un agujero para las arcas públicas dado lo que supone la atención sanitaria demandada por una parte de los millones de visitantes extranjeros que llegan cada año a Canarias. Va creciendo el peso de las atenciones realizadas a los visitantes en el Sistema Nacional de Salud y particularmente en el SCS, repercutiendo en el ya insuficiente presupuesto de la Sanidad Pública. No es de recibo tener que atender a una población notablemente superior a la que está censada en Canarias, lo que provoca situaciones de saturación, así como de déficit de infraestructuras y económico.
El problema no está en quien está de vacaciones y requiere asistencia de urgencia por enfermedad sobrevenida o accidente, quizá la situación más común, y cuya asistencia queda garantizada por la Tarjeta Sanitaria Europea (en el caso de los ciudadanos europeos), por compañías aseguradoras privadas con cobertura internacional y otras fórmulas de financiación.
Con carácter general, los Reglamentos (CEE) 1408/71 y 574/72 regulan el derecho de las personas aseguradas en uno de los Estados miembros de la UE a recibir asistencia sanitaria en otro Estado perteneciente a la UE, con ocasión de un desplazamiento temporal o de residencia habitual en este último. Esta asistencia se debe prestar en las mismas condiciones que los asegurados del país de destino. Para la liquidación de los gastos sanitarios derivados de la exportación del derecho a recibir asistencia sanitaria, la normativa comunitaria prevé un sistema de reembolso entre instituciones de Seguridad Social.
No obstante, según explica el Tribunal de Cuentas en su Informe de fiscalización de la gestión de las prestaciones de asistencia sanitaria derivadas de la aplicación de los reglamentos comunitarios y convenios internacionales de la Seguridad Social, de 29 de marzo de 2012, pese a que España es un país eminentemente receptor de turistas y residentes extranjeros, se deja de cobrar una parte importante de las asistencias médicas prestadas a ciudadanos de otros países europeos. Las principales causas son: 1) Falta de control de los extranjeros con cobertura (así, Alemania emite un 716% más facturas que España, cuando en realidad se estima que España realiza más atenciones sanitarias a extranjeros). 2) Los excesos de Francia y Portugal, cuyos ciudadanos realizan un turismo de proximidad para utilizar los servicios sanitarios públicos españoles. 3) Fallos en los cobros por los turistas británicos, cuyos importes se venían realizando mediante un sistema de estimación. 4) Deficiencias de información entre CCAA y la administración central.
El turismo sanitario en sentido negativo está asociado, claro está, a la práctica creciente los últimos años, realizada por extranjeros, para recibir un tratamiento gratis de la Sanidad Pública española. Esto se realiza de diversas maneras, pero siempre con cierta dosis de fraude: por ejemplo pasar más de 6 meses en el Estado español para poder acceder a la tarjeta sanitaria española, o acudir a urgencias acentuando la sintomatología de una dolencia cardíaca.
Se calcula que en el Estado español hay varios millones de visitantes, que tienen apartamentos o casas en la costa, cuyas estancias se suelen prolongar varios meses, y en su mayoría tienen más de 65 años. Este grupo está considerado como consumidores sociosanitarios, ya que hacen un uso abusivo de la Sanidad Pública para obtener un tratamiento gratuito del Sistema sanitario español (frente al copago o pago requerido en sus países de origen).
No cabe duda de que en Canarias nuestros recursos naturales están comprometidos por el desarrollo desenfrenado del turismo, la degradación observada depende de las relaciones de dominación en el territorio. Los intereses de la industria turística prevalecen sobre el interés de la población local, además de tener un impacto directo en nuestra salud, tienen una serie de efectos ambientales que se relacionan con el uso de recursos naturales, la producción de residuos y la emisión de gases de efecto invernadero, con la proximidad de los espacios que habitamos a zonas verdes, o azules, que no solo nos afectan como individuos, sino que pueden contribuir en mayor o menor medida al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad.
Conocer el impacto de estas acciones en la salud del planeta y en la nuestra propia nos permitirá disponer de argumentos adicionales que pueden motivar a individuos y poblaciones a apostar por las opciones más sostenibles, a la vez que saludables. Eso nos lleva a la necesidad de pensar un nuevo turismo e integrar las facultades de decisión por parte de la población canaria potenciándolas mediante la organización y la movilización.
En cuanto a la situación y necesidades de la Sanidad Pública de Canarias, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) propone:
Cuando se ha producido un crecimiento de los presupuestos sanitarios per cápita respecto a 2023 que sigue siendo insuficiente para las necesidades del sistema sanitario (recuérdese que la inflación prevista para 2023 estaba en el 3,8%), es necesario aplicar medidas de acuerdo a una priorización que proponemos y respecto de la cual la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias deberá corresponder con hechos palpables.
La pandemia puso de relieve con especial crudeza que la Sanidad Pública universal y de calidad es un pilar esencial para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad dado que las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos llevaron a una descapitalización que se tradujo en recortes, desmantelamiento y privatización favoreciendo el negocio privado con la sanidad y debilitando sobremanera el derecho a la salud de las personas.
Siempre ha sido muy débil en Canarias el reconocimiento de que la salud está fuertemente determinada por el entorno social, económico y cultural (y por tanto por la política), y no se interviene con profundidad (desde la política) en ámbitos económicos, laborales, educativos, de servicios sociales, medioambientales, etc, no evitándose que se llegue a la enfermedad con todo el cortejo de manifestaciones clínicas, procedimientos diagnósticos y tratamientos varios, lo que en suma hace que sea en el terreno sanitario donde se acumulen enormes problemas asistenciales.
En Canarias, es manifiesta la precariedad de los dispositivos de Salud Pública en nuestra comunidad a la que se ha destinando en torno a un 0,98%, incluidas las vacunas, del presupuesto de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y que para 2024 se ha cuantificado en un 0,83%. Tal cosa la hemos relacionado a su vez con los malos indicadores de salud de la población canaria que derivados de las desigualdades sociales en salud por el desempleo, la pobreza, marginación social, etc., se traducen en la esperanza de vida más baja del Estado español, por la mortalidad por diabetes, por enfermedades cardiovasculares, por cáncer, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica…. Los dispositivos de Salud Pública manifestaron sus enormes debilidades en el curso del desarrollo de la pandemia en Canarias.
Para cambiar el actual estado de cosas, hay que empezar por abordar algunas medidas urgentes, absolutamente necesarias:
1) Financiación suficiente de la Sanidad Pública: incremento del presupuesto en general y particularmente en Salud Pública y Atención Primaria. Tal objetivo debe quedar claramente establecido en el Plan de Salud de Canarias junto a la especificación de las necesidades de salud de la población y la cuantificación de las exigencias presupuestarias para hacerlas frente, es importante avalar una financiación finalista que garantice que el presupuesto de AP sea realmente el 25% del presupuesto total de la Consejería de Sanidad y el de SP el 5% del total al menos.
2) Potenciar la Salud Pública, además de presupuestariamente, mediante el desarrollo en Canarias de la Ley estatal de Salud Pública, aprobada en 2011, con su concreción en base a la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular que presentamos en el Parlamento de Canarias en 2010, avalada por 25.000 firmas para la elaboración de la necesaria Ley Canaria de Salud y Sanidad que contemple la creación de la Agencia Canaria de Salud Pública y establezca la prioridad de blindar el carácter público, universal y gratuito de la atención sanitaria. Los servicios de Salud Pública deben coordinar sus estrategias con la Atención Primaria y las administraciones locales para combatir los determinantes de las enfermedades crónico degenerativas (alimentación, contaminación, salud laboral, sedentarismo, tabaquismo, etc.) y los sistemas de alerta y contención de las nuevas epidemias de enfermedades contagiosas (Gripe A, Ebola, SARS, Coronavirus…) asociados al cambio climático y la globalización neoliberal. Los servicios de epidemiologia y lucha con las enfermedades infecciosas deberían reforzarse y mejorar su capacitación.
3) Potenciar y desmedicalizar la Atención Primaria. Este nivel asistencial ha demostrado su capacidad para acercar los servicios asistenciales a la población y gracias al conocimiento de los antecedentes personales, familiares y de su historial clínico, garantizar una atención cercana y segura a las personas y familias que forman la comunidad. Se precisa recuperar las plantillas perdidas y mejorar las condiciones laborales. Para que pueda funcionar adecuadamente se precisa reforzar su papel en el sistema sanitario, aumentado su presupuesto ( 25% efectivo del total sanitario), el personal, sobre todo el de enfermería (potenciando la enfermería comunitaria) y otras categorías profesionales como la de psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social para desmedicalizar las consultas y satisfacer las demandas de la población, que el actual modelo transforma en enfermedades y tratamientos medicamentosos, estableciendo criterios mínimos por Tarjeta Sanitaria Individual, mejorando sus medios y potenciando la atención domiciliaria, la prevención y la promoción de salud. En este sentido, es fundamental la relación de la AP con la salud laboral, ya que es en sus consultas donde se detectan muchos problemas de salud relacionados con el trabajo. La gestión de los procesos asistenciales precisa una revisión de los protocolos de relación y derivación entre primaria, especializada y sociosanitaria, haciendo falta también unas guías clínicas conjuntas. Una renovada AP debería recuperar su carácter comunitario mejorando su coordinación con los hospitales, servicios de salud pública, alerta epidemiológica, recursos sociales, atención a la dependencia e instituciones municipales, con la participación e implicación de la población en el marco de las Áreas Sanitarias insulares y de las Zonas Básicas de Salud municipales en los Consejos de Salud. La Atención Primaria debería hacerse responsable de la asistencia a las personas mayores en las residencias, lo que exige que los Centros de Salud donde haya residencias deberían incrementar sus equipos especialmente en enfermería, psicología, terapia ocupacional, fisioterapia y trabajo social.
4) Afrontar las listas de espera mediante un Plan de abordaje de las mismas que necesita recursos humanos específicos y el reforzamiento del funcionamiento al 100% de los centros sanitarios públicos. Todo esto conlleva recuperar las plantillas perdidas, potenciarlas y mejorar las condiciones laborales. Se evitará al máximo la aplicación de la normativa que posibilita la externalización de servicios, hasta que sea derogada, de modo que no vaya ni un euro público más para la sanidad privada. Este plan tiene que articular los recursos del conjunto de la Sanidad Pública (primaria y especializada) y sumar una garantía de derechos + recursos + sistemas organizativos + sistemas de información y rendición de cuentas, tiene que tener un carácter estable. En la gestión de las listas de espera se debe crear un Observatorio de las listas de espera que podría estar constituido por una Comisión Parlamentaria con todos los grupos del Parlamento de Canarias en la que estén también, además de representaciones de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) y de otros colectivos que defiendan la Sanidad Pública, las Asociaciones y plataformas de pacientes y familiares. Este observatorio deberá tener información periódica, al menos mensualmente, de todos los datos referidos al número de personas en las distintas listas de espera, por islas, por centros, por patologías y por especialidades.
5) Ampliar camas de media y larga estancia. Tenemos un déficit muy importante de camas hospitalarias públicas, la mayoría de ellas de larga y media estancia. Además, el posible bloqueo de camas de los hospitales de agudos por pacientes dados de alta potencia la necesidad de crear una red pública de camas sociosanitarias y de crónicos, de las que carecemos, para mejorar la eficiencia hospitalaria evitando también con ellas ingresos y estancias hospitalarias al poner en marcha otras formas de atención sociosanitaria pública como las Residencias asistidas, Centros de día, Atención domiciliaria, ayudas domiciliarias, etc. Convendría también a medio plazo realizar un plan estratégico de atención especializada para adaptarla a los nuevos retos de salud derivados de la atención a la cronicidad, también cabría exigir el cumplimiento de las incompatibilidades y la dedicación exclusiva a las y los trabajadores del sistema público.
6) Hospitales de segundo nivel altamente resolutivos. Aspiraciónno satisfecha, tras 45 años para el Sur y 39 años para el Norte de Tenerife. La plataforma pro Hospital público del Sur presentó ante el Parlamento Canario una ILP avalada por 31.024 firmas en 1998. En el año 2000 el Parlamento de Canarias aprobó las Leyes 3/2000 y 4/2000, en las que se reconoce la necesidad históricamente demandada por la ciudadanía para el Sur y para el Norte, pero en las que no se contempla la creación de verdaderos hospitales sino de centros socio-sanitarios, sin garantías, además, de un modelo de gestión pública para los mismos. Por eso en la ILP que presentamos en 2010, en la Disposición Adicional Segunda, se defiende la “necesaria derogación de las leyes 3/2000 y 4/2000, del Parlamento de Canarias que lo cuestionan”. La posibilidad. de la gestión privada no es algo novedoso, ha sido probada en otras Comunidades Autónomas, en base a la Ley estatal 15/97 que hay que derogar, demostrándose que el coste de los servicios se multiplica por 5 respecto a los de gestión enteramente pública del mismo nivel. Por eso también debemos exigir la derogación de las leyes 3/2000 y 4/2000 del Parlamento de Canarias que la hacen posible para estos falsos hospitales. En la cartera de servicios de la Consejería de Sanidad, figura desde 2009 y 2010 el proyecto donde incorporaban a ambos hospitales «la nueva cartera de los servicios, incluyendo los de farmacia, esterilización y banco de sangre; añadiendo los de hospitalización, de media estancia, con 50 camas en el norte y 60 camas en el sur; Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria con dos quirófanos; Urgencias, laboratorio, área obstétrico-neonatal con 20 camas, 4 paritorios y 1 quirófano en el sur y 12 camas, 2 paritorios y 1 quirófano en el hospital del norte; hospital de día con 14 camas y centro de asistencia especializada». 14 y 13 años después, ¿qué fue de dicho proyecto?.
7) Cuidados Paliativos. Existen en Canarias8 unidades de cuidados paliativos: En Gran Canaria 2 y 1 en Tenerife, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro y La Gomera. En Tenerife, no existen Cuidados Paliativos en el HUC, afectando a la “zona norte”, hay que crearlos. En el Hospital de La Candelaria sí existen, aunque insuficientes para la “zona sur”, y carecen de Atención Domiciliaria. Sí existe Atención Domiciliaria en Lanzarote y Gran Canaria. Hay que mejorar las unidades de cuidados paliativos existentes y habilitar la Atención Domiciliaria en todas las islas.
8) Ley Canaria de Salud y Sanidad que establezca y regule de modo tasado el funcionamiento general de la Consejería y del Servicio Canario de la Salud en todos los aspectos mencionados de modo que garantice la estabilidad organizativa y de las políticas públicas de Salud Pública y de Asistencia Sanitaria poniéndolas a resguardo de variaciones partidistas o intereses espúreos. Que deje claro en ese contexto el papel de las distintas gerencias, que afronte la materialización de los hospitales de segundo nivel altamente resolutivos, de las camas sociosanitarias, la salud mental, la salud sexual y reproductiva, la atención temprana, la geriatría y cuidados paliativos, la atención a las drogodependencias, el funcionamiento del transporte sanitario, …..y que garantice la participación social y profesional en los Consejos de Salud u otros órganos de participación en la gestión del Servicio Canario de la Salud contemplados en la normativa general y que no se cumplen.
